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Jubilaciones y Pensiones en Argentina
La oposición quiere avanzar con un proyecto para beneficiar a los desocupados que tengan al menos 30 años de aportes
Por Silvia Stang
Para Diario LA NACIÓN
Luego de haber logrado la media sanción del proyecto de ley que busca garantizar un haber básico equivalente al 82% del salario mínimo, diputados de la oposición buscan avanzar con otra iniciativa que también es resistida por el Gobierno.
El objetivo es crear un régimen permanente para que las personas que tengan al menos 30 años de aportes jubilatorios y estén desocupadas puedan cobrar una prestación del sistema previsional, aun cuando les falten como máximo 5 años para la edad exigida por la ley para jubilarse. Para acceder a la jubilación hoy las mujeres deben tener 60 años cumplidos y los varones, 65.
La Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, que preside el peronista disidente Eduardo Ibarra, aprobó ya un dictamen para llevar ese proyecto al recinto. El texto establece que, para acceder al beneficio de la "prestación anticipada de jubilación por desempleo", además de los requisitos de edad y aportes mencionados, deberá acreditarse una situación de desempleo que lleve por lo menos 12 meses al momento de solicitar la habilitación del pago, que estaría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Se intenta recrear así el sistema de jubilación anticipada que rigió con carácter excepcional para quienes estando cerca de la edad jubilatoria se habían quedado sin empleo durante la crisis de principios de siglo.
Al igual que en ese sistema que ya no está vigente, el nuevo proyecto establece que el ingreso mensual sería equivalente al 50% del haber que le correspondería a la persona si, por su edad, estuviera en condiciones de jubilarse, aunque con la garantía de que el monto nunca podría ser inferior a la prestación mínima, hoy de $ 1046. Y la suma se iría ajustando según el índice de movilidad, que determina aumentos jubilatorios en los meses de marzo y septiembre de cada año, siguiendo la evolución de un índice vinculado a la marcha de los salarios y de la recaudación de recursos para el sistema.
Distintos proyectos
Para el oficialismo, la vigencia de ese régimen estuvo justificada en aquel momento por la emergencia del mercado laboral. Ahora, en cambio, no habría aval para la iniciativa de la oposición, que intenta lograr igualmente su aprobación.
El texto del dictamen explica que para llegar a la redacción final se tuvieron en cuenta proyectos presentados por los diputados Ibarra, Fernanda Reyes (Coalición Cívica), Gustavo Serebrinsky (UCR), de la ahora ex diputada María América González y también de Juan Carlos Díaz Roig, legislador del Frente para la Victoria. Pero, a pesar de ser mencionado como uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado oficialista no firmó el dictamen.
El texto pasó ahora a la Comisión de Presupuesto, que preside el kirchnerista Gustavo Marconato. Al haber pasado un mes sin que allí se haya considerado el tema, la diputada Reyes explicó que se evalúa llevar el tema de esa demora para su consideración en el recinto, donde por mayoría simple -según explicó- se podrían establecer día y hora de reunión en que esa comisión debería reunirse para dictaminar.
Quienes se oponen a darle un carácter permanente a una medida así argumentan el aumento del costo que tendría para el sistema, ya que flexibilizaría el derecho al cobro de una prestación sin una contrapartida en cuanto a fuentes de financiamiento. Los impulsores señalan que el costo no sería elevado, ya que siempre se conservaría la obligación de tener los 30 años de aportes hechos y debería acreditarse la condición de desocupado por al menos un año.
La ley 25.994, que en diciembre de 2004 dispuso la prestación anticipada, rigió hasta el 30 de abril de 2007. Originalmente, la persona que pedía el beneficio debía acreditar su situación de desempleo al 30 de noviembre de 2004. Luego esa fecha se trasladó al 31 de diciembre de 2007.
Según opinó la diputada Graciela Iturraspe, del bloque SI, la aprobación del proyecto les permitiría a muchos "mejorar mínimamente sus condiciones de ingresos y contar además con una obra social". Agregó sin embargo que el sistema jubilatorio "requiere un debate que contemple una reestructuración profunda".
En el Congreso hay varios proyectos que buscan que se integre una comisión especial de expertos que formule una propuesta de reforma integral del régimen de la seguridad social. El sistema fue modificado en 2008, pero sin que se hicieran estudios sobre la sustentabilidad del nuevo esquema.
EMBARGO PARA COBRAR EN JUICIOS
La diputada Fernanda Reyes y varios de sus pares del bloque de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para disponer que, en caso de que la Anses no cumpla con el plazo legal de 120 días para pagar las sentencias de los juicios que los jubilados le ganan al Estado el demandante podrá pedir el embargo de los fondos que le correspondan sobre los fondos del organismo de la seguridad social. Los recursos sujetos al embargo no deberán provenir de los que estén afectados al pago de jubilaciones y pensiones, según el texto. Para hacer uso de ese derecho, "deberá existir en el expediente judicial liquidación aprobada y firme", según establece la iniciativa.
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