ANSES, EN LA MIRA DE LA CORTE SUPREMA

Fuentes del Máximo Tribunal alertaron sobre la falta de pago de sentencias
que ordenaron la recomposición de haberes. Se analizan tres alternativas.
Además, la Corte
dictó una resolución en la causa que la provincia de Santa Fe inició contra el
Estado nacional por coparticipación.

La Corte Suprema
reiteró este martes su “profunda” preocupación ante la catarata de
juicios por reactualización de haberes jubilatorios, y el hecho de que
muchas de las sentencias que ya ordenaron a la Administración Nacional
de la Seguridad
Social (Anses) la recomposición siguen sin pagarse.

Fuentes de la Corte
señalaron que ya fueron varios los ministros que expresaron sus críticas porque
entienden hay una “obstaculización” de la Anses en pagar la reactualización en aquellos
juicios perdidos y en los que ya se ordenó pagar. En ese sentido, quien ya hizo
públicas sus críticas a la Anses
fue la ministra Carmen Argibay, en el mes de junio.

Desde el Máximo Tribunal señalaron este martes la supuesta
contradicción del Gobierno, ya que mientras da discursos a favor de
los jubilados, no cumple con los pagos de las sentencias.

Los allegados a la Corte
graficaron la reticencia por parte del organismo que encabeza Diego Bossio a
pagar los juicios perdidos con un dato: dijeron que la Anses se negó a una
propuesta que había hecho la
Corte de crear un software para facilitar la
liquidación de haberes.

Actualmente, la Corte
evalúa tres vías sobre cómo encarar la gran cantidad de juicios por
reactualización de haberes: una, que está más avanzada, es una propuesta
realizada por un jubilado que litiga contra el Anses de apellido Rossi, quien
solicitó que la Corte
resuelva ordenarle al Congreso que dicte una ley en la cual se prevea un
período de actualización de los haberes de todos los jubilados. La segunda vía
sería seguir lo pedido por la Defensoría General de la Nación, que sugirió a la Corte que dicte una acción
de clase. Esta alternativa podría complicarse por la dificultad en establecer
las categorías. La tercera y última opción que bajara la Corte pasa por que se ordene
la reactualización de haberes mediante el dictado de medidas cautelares, y no
mediante sentencias de fondo que llevarían más tiempo en ser resueltas.

Asimismo, el Máximo Tribunal solicitó este martes a la entidad a cargo de
Bossio que informara sobre “la incidencia económica que tendría en el sistema
la no detracción, con relación a la Provincia de Santa Fe, del 15 por ciento de la
masa coparticipable (…)”. La medida se pidió a raíz de la audiencia pública que
tuvo lugar el 17 de marzo último entre los representantes provinciales y
nacionales a la que acudió el gobernador Hermes Binner pero faltó el ministro
de Economía Amado Boudou.
Fuente: Diario Judicial.

Les pego otra opinión, siguiendo en la línea del post anterior:

El Máximo Tribunal evalúa tres caminos para acelerar los juicios por actualización de haberes: sugerir al Congreso una ley, impulsar una acción de clase o medidas cautelares. En diálogo con DiarioJudicial.com el camarista Luis Herrero se inclinó por la vía de la acción de clase en tanto que los abogados previsionalistas Sergio Bobrovsky y Edgardo Acebedo señalaron que el Ejecutivo debería dictar una reglamentación para cumplir el fallo “Badaro”.

El vicepresidente de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, Luis Herrero, consideró, que para acelerar la resolución de los miles de juicios por reactualización de los haberes de los jubilados, “lo más expeditivo sería [que la Corte dicte] una suerte de acción de clase”. Herrero recordó que los ministros del Máximo Tribunal ya tienen en sus despachos un recurso presentado en ese sentido por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, que tuvo sentencia favorable del juez Alberto Ize pero fue revocado por Sala III de la Cámara.

El integrante de la Sala II de la Cámara dijo que la Corte podía aplicar el criterio del fallo “Halabi” para las causas de jubilados. Dos semanas atrás, el Máximo Tribunal dejó trascender que estaba evaluando tres alternativas para acelerar esos juicios: la primera era exhortar, tal como lo pidió un jubilado de apellido Rossi, al Congreso a que dicte una ley en la cual se prevea un período de actualización de los haberes de todos los adultos mayores; la segunda era el dictado de una acción de clase y por último, ordenar la reactualización de haberes mediante el dictado de medidas cautelares, y no mediante sentencias de fondo que llevarían más tiempo en ser resueltas.

Herrero sostuvo que esa tercera alternativa “también sería útil y eficaz” y enumeró al menos dos casos en que se dictaron medidas cautelares y están “vías de cumplimiento”: se trata de las causas “Marquez” y “Frier”. El camarista explicó que estas medidas ordenan a la Anses a que en un plazo de 30 días otorgue la movilidad que la Corte dispuso en el fallo “Badaro”. En esa sentencia, de agosto de 2006, el Máximo Tribunal estableció que la movilidad era una “previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores”.

Consultado en relación con la posibilidad de que la Corte sugiera al Congreso el dictado de una ley, Herrero calificó de “inconveniente” esa alternativa. El camarista sostuvo que “no es función del Poder Judicial exhortar sino ejercer el control de constitucionalidad y resguardar las garantías tales como la garantía de movilidad jubilatoria”. Asimismo, indicó que con el dictado del fallo Badaro, hace 4 años, “se comprobó la ineficacia de una exhortación al Congreso de la Nación”.

En tanto, el abogado previsionalista Sergio Bobrovsky manifestó que quien debería “actuar” es el Poder Ejecutivo, que, a través de una resolución, debería fijar que si un jubilado reclama su inclusión en “Badaro”, la Anses efectivamente lo incluya. “Esto sería una forma de reducir la litiogiosidad”, consideró el letrado que en la mitad de la década del ’90 logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara una demanda contra el Estado argentino por la situación de los adultos mayores.

El 4 de noviembre último, tras 15 años de litigio, se firmó un convenio en Washington por el cual el Poder Ejecutivo asumió una serie de compromisos que, según precisó Bobrovsky, el organismo a cargo de Diego Bossio “cumple manera parcial y bastante mal”. “Las sentencias se siguen pagando tarde y mal y no se da curso a la ejecución”, protestó el letrado.

Bobrovsky se preguntó: “¿Por qué hay tantas ejecuciones?”. “Porque no hay incentivos para que la Anses cumpla”, completó. El abogado previsionalista señaló que históricamente en los tribunales existieron resistencias a decretar embargos porque muchos “siguen aferrados a conceptos que empezaron con ley de inembargabilidad, aunque actualmente está derogada”.

Sin embargo, Bobrovsky se ilusionó con un dato de la realidad. Según le contó a este diario, desde hace dos meses “pareciera que hay una tímida reacción en algunos juzgados de primera instancia en este sentido”.

El abogado previsionalista Edgado Acebedo opinó, que entre las tres alternativas que están siendo consideradas por la Corte, “la más efectiva sería el dictado de una ley”. Sugirió que el dictado de medidas cautelares no llevaría menos de un año y añadió que la acción de clase “significaría revisar doctrina judicial y procesal porque hasta ahora las acciones de clase tienen dificultad en ser admitidas en cuestiones pecuniarias”.

Acebedo recordó que “la Corte tiene dicho que en materia de acciones patrimoniales no se admiten acciones de clase”. En coincidencia con Bobrovsky, Acebedo dijo que la solución pasaría por una reglamentación del Ejecutivo y se quejó porque muchos jueces “son reacios a firmar los embargos”.

El letrado contó que en un caso en el que actúa como abogado defensor, sólo luego de tres intimaciones y una audiencia, el juzgado dictó el embargo, y concedió la apelación de la Anses, que ahora deberá ser resuelta por la Cámara.


La negrita y el resaltado aclaro que me pertenecen.

Gracias Gloria!!! buenìsimo tu aporte...


un saludo y mil bendiciones para ti amiga!!


--------------
Nidia

a vicepresidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, aseguró que “hay una preocupación cierta de la Corte por la litiogiosidad, porque los jubilados son un grupo vulnerable”.

La vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, aseguró este jueves que “hay muchos casos Badaro” y el Máximo Tribunal “está analizando la simplificación de expedientes” acerca de qué alternativa consideraba más viable entre las tres que señaló la Corte que podría tomar para favorecer a los adultos mayores: impulsar el dictado de medidas cautelares, de una acción de clase o exhortar al Congreso al dictado de una ley.

“La exhortación la hemos hecho y por eso sacamos la segunda parte de Badaro, en noviembre de 2007”, aseguró Highton en referencia a la falta de respuesta del Congreso a lo que señaló la Corte en el primer fallo, de agosto de 2006. La jueza dijo que “se va avanzando a medida de las necesidades y los casos” y afirmó que “hay una preocupación cierta de la Corte por la litiogiosidad, porque los jubilados son un grupo vulnerable”.

Highton subrayó que los “litigios largos son contraprudecentes” y enfatizó la reducción de expedientes que se dio desde que llegó al Máximo Tribunal, en 2004 –dijo que en ese momento había 17 mil presentaciones- a la actualidad donde quedan unos mil o dos mil recursos ordinarios presentados por jubilados.


Creo que es interesante conocer el pensamiento de una de las exponentes del más alto Tribunal de la Nación.

Hace un par de semanas que me habian comunicado el tema de Rossi.

Muchos estamos atentos a este futuro fallo que tendria que haber salido ya. Se esperaba para setiembre y ahora veo que quizas sea para fin de año.

Todas las medidas que sean favorables a mejorar la calidad del haber del jubilado seria importante.

Uno de los puntos que se hablaba referia a la negativa de la camara, en algunos casos, respecto a los amparos por Capa.

el otro tema es respecto al pago por la anses. Es claro y evidente que es IMPOSIBLE PAGAR EN TIEMPO Y FORMA TODO LO QUE SE DEBE, lo que me temos que el organismo o el GOBIERNO DE TURNO quizas vuelvan a los benditos bonos.

Es cierto que desde el Sanchez del 2005 se incrementaron los juicio y se multiplicaron desde fines del 2007 por el badaro.

Han pasado 5 años del sanchez y el anses esta pagando muy poco, aun restan cobrar varios del chocobar hasta el 2005.

Lo peor, aqui vendrá el problema y la gravedad ES QUE EL BADARO/ELLIFF/BERON/ZARAIN/CIRILLO, etc. etc. etc. recien estan cumpliendo casi 3 años por lo que HAN ENTRADO MUY POCOS AL ANSES PARA LIQUIDAR.

Segun las presunciones, en los proximos dos años empezaran a entrar a la Anses TODAS LAS SENTENCIAS DEL BADARO Y COMPANIA, recien alli veremos como resolverá el asunto el organismo.

Lo que si me queda claro es que si hoy por hoy no han terminado de pagar los chocobar pendientes y los primeros sanchez, NO SE COMO LOGRARAN CUBRIR TODOS LOS BADARO Y COMPANIA QUE ESTAN EN LA JUSTICIA.

Lo que tambien tengro claro es que no hay plata para pagarles a todos, pero el gobierno tiene clara su posicion: ESTO LO PAGA EL GOBIERNO QUE VIENE.

saludos

Por lo expuesto en el post anterior, es que se estaria instruyendo a un grupo de letrados, para que actuen en rechazo de las sentencias usando los medios de impugnacion legales y se tenga que apelar a otra via superior.
Aunque el destino sera condenatorio, el tiempo de transcurso, evita el pronto pago