Fuente: JUBILACIONES Y PENSIONES EN ARGENTINA
El Estado incumple un acuerdo por los juicios de los jubilados
mscconsultores | Noviembre 16, 2010 at 10:03 am | Etiquetas: Acuerdo ante la CIDH, Pago de sentencias | Categorías: Notas Periodísticas | URL: http://wp.me/pTdI6-p9
Abogados que firmaron un pacto ante la OEA dicen que el Gobierno sigue dilatando los pagos
Por Silvia Stang
Para Diario LA NACION
A poco más de un año de haber firmado una promesa formal ante una instancia supranacional, el Estado argentino sigue sin dar cumplimiento pleno al compromiso de pagar en tiempo y forma y sin interponer apelaciones los fallos de los juicios ganados por jubilados y pensionados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Así, por lo menos, lo advirtieron a La Nacion los abogados patrocinantes de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que originó un pacto firmado el 4 de noviembre de 2009. Allí, el Estado se comprometió a mejorar el pago de las sentencias.
Según los abogados Sergio Bobrovsky y Horacio González, luego de un año de aquel acuerdo formalizado en Washington, hoy muchas sentencias firmes no se liquidan dentro del plazo legal de 120 días, además de que aún no se puso en marcha el necesario sistema para pagar los fallos favorables a quienes se jubilaron bajo la ley 24.241 -vigente desde 1994-, y de que se siguen apelando muchas causas referidas a temas sobre los que la Corte Suprema ya se expidió.
La Nacion quiso obtener la versión sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de los dos organismos del Estado que participaron de aquel acto, la Anses y la Cancillería, pero no obtuvo respuesta.
La denuncia ante la OEA había sido realizada en diciembre de 1995 por los jubilados Juan Manuel Caride y Amílcar Menéndez, representados por los abogados mencionados. Luego se sumaron dos instituciones: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). La presentación respondió en aquel momento a las dificultades que encontraban los jubilados al tener que litigar para lograr reajustes.
Agravamiento
Esta situación tuvo, sin embargo, un agravamiento significativo a partir de lo ocurrido en 2002. Tras la devaluación del peso, la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, los gobiernos de Eduardo Duhalde (durante un año) y de Néstor Kirchner (durante cuatro años) dieron subas a las jubilaciones en forma selectiva: como si el aumento de precios no afectara a todos, durante varios años sólo se elevó el haber mínimo, y luego comenzaron a darse otros ajustes, pero sin corregir las pérdidas acumuladas por muchos. En el caso Badaro, la Corte Suprema sostuvo, en 2007, que más allá de su cuantía los haberes debieron haber subido entre 2002 y 2006 siguiendo la evolución de los salarios de los trabajadores activos.
Con cientos de miles de haberes devaluados, esa declaración de la Corte provocó un récord histórico en el ingreso de nuevos litigios.
"La Anses no está respetando el acuerdo: la gran mayoría de las sentencias firmes no se cumplen en el plazo legal de 120 días; no existe un criterio para cumplir primero con las más antiguas y luego con las más recientes, además de que no se respetan las pautas fijadas en los fallos, sino que se hacen interpretaciones", señaló González.
En el pacto, el Gobierno se comprometió a "dar estricto cumplimiento" a una resolución de la Secretaría de Seguridad Social de 2004, que le ordenaba a la Anses liquidar los haberes conforme con las pautas de las sentencias, aunque considerando algunas deducciones si el monto resultante superara el máximo legal.
El acuerdo de 2009 también incluyó el compromiso de "no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia" favorables a los jubilados, "en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema se haya expedido".
Sobre ese punto, Bobrovsky afirmó que desde el organismo previsional se siguen apelando fallos que tienen que ver con temas en los que los jueces supremos se expidieron. Mencionó, para ejemplificar, el caso Elliff, que dispuso, además de un ajuste de los haberes a partir de 2002 en función de la evolución de salarios, la obligación para la Anses de actualizar los valores históricos de los diez últimos años trabajados por quien se jubila, ya que el promedio de esas cifras se utiliza para el cálculo del haber inicial.
Además, la Anses había prometido que retiraría "en 60 días" de la Corte Suprema o de la Cámara Federal de la Seguridad Social las apelaciones que ya había hecho. "Desistimientos hubo muy pocos", afirmó Bobrovsky.
"Con el objetivo de dilatar, en muchos casos se presenta un simple escrito de apelación, y luego, cuando la sala de la Cámara da el traslado para que se presenten los agravios [formalizando la apelación], no lo hacen, y así se declara desierto el recurso. Con eso ganan seis o más meses de tiempo", afirmó González.
Según el abogado, en muchos casos, las personas fallecen sin poder cobrar, y los herederos deben recurrir a nuevos juicios. "Muchos no lo hacen porque es gente humilde que no tiene los recursos para hacer la sucesión, o desisten por cansancio", advirtió.
En el acuerdo, el Estado se obligó a generar un mecanismo de seguimiento, a través de la Cancillería, con informes semestrales que incluyeran estadísticas. Hasta el momento, no hubo datos públicos sobre el tema
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