La ANSeS apela cada vez más para no pagar el ajuste a los jubilados
Insiste en esa estrategia pese a que se comprometió ante la CIDH a no hacerlo.
Por Ismael Bermúdez
Para Diario Clarín
Mientras ya suman 450.000 las demandas judiciales de jubilados, sigue creciendo también el número de sentencias que no quedan firmes para ser pagadas a sus beneficiarios porque son apeladas por el Estado .
Durante el año pasado ingresaron a la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social 32.978 sentencias, una cifra récord . Es casi un 32% más que las 25.044 apeladas en 2009, de acuerdo a las cifras difundidas por la Justicia.
En tanto, durante 2010, como informó el sábado Clarín , ingresaron a los Tribunales de primera instancia 100.003 nuevas demandas de jubilados, casi lo mismo que en 2009.
“En un importante número de casos, el que apela es el propio Estado a través de la ANSES ”, le dijo la jueza Lilia Maffei de Borghi, titular de la Cámara e integrante de la Sala I al Centro de Información Judicial.
El dato es más relevante aún porque las apelaciones deberían haber decrecido ya que, a partir de varias denuncias, el Gobierno se comprometió ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos Badaro, Elliff, Gemelli y otros sobre los cuales la Corte Suprema ya se pronunció.
Sin embargo, “esto no se está cumpliendo o solo parcialmente”, le dijo a Clarín el abogado previsionalista Horacio González, uno de los que patrocinaron esos reclamos ante la CIDH de la OEA. Y añadió que junto al CELS y otros organismos y abogados, el Gobierno volvió a ser denunciado el año pasado ante la Comisión interamericana por esos incumplimientos.
Como informó Clarín , luego de un proceso que insumió muchos años, en noviembre de 2009, se llegó a un acuerdo de “solución amistosa” por el que la ANSeS se comprometió a: Pagar todas las sentencias judiciales firmes.
No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia favorables a los jubilados, en los que la Corte Suprema ya se hubiera expedido, como el caso Badaro.
Desistir de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra las sentencias favorables a los beneficiarios.
Establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos coordinado por la Cancillería argentina.
“Ninguno de estos puntos se están cumpliendo” precisó González.
A todo esto se agrega que en muchos casos la ANSeS liquida mal los fallos y eso obliga al jubilado a iniciar un nuevo juicio para que se cumpla con lo que dice el texto de la sentencia.
Con relación a estos incumplimientos, el año pasado la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay Molina admitió que “nos llegan las causas de previsión social porque están mal calculados los haberes” y “la ANSeS no paga lo que debe. Incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar, insiste con no pagarlos y trata de llegar hasta la Corte”, con la consiguiente “sobrecarga de los tribunales”.
Por su parte la Defensoría del Pueblo elevó una demanda a la Justicia para que directamente se extiendan a todos los jubilados los fallos de la Corte para evitar así que cada jubilado tenga que iniciar un juicio. El tema llegó hace tiempo al máximo tribunal que, hasta ahora, no se pronunció.
En el Presupuesto de este año la ANSeS prevé destinar $ 2.400 millones al pago de juicios, lo que equivaldría, según los reclamos iniciados, a saldar cerca de 20.000 sentencias.
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